La jurista que elaboró el ‘sí es sí’ también quiere beneficios para etarras: «Más cárcel no es la vía»

El debate sobre la Ley del sólo sí es sí ha retratado la intención de Podemos de no aumentar las penas para los agresores sexuales. Una posición «no punitivista» que comparten desde el Ministerio de Igualdad. Como reveló OKDIARIO, en el departamento eran conscientes de que, al unificar los delitos de abuso y agresión, se producía una rebaja en la horquilla penal. Y así lo ha confirmado además una de las juristas que elaboró la norma estrella de Irene Montero, Patricia Faraldo. Esta catedrática de Derecho Penal en la Universidad de La Coruña reconoce que eran conscientes de que «las penas se reducían». Incluso ha confesado que eran conscientes de que habría condenados que se podrían beneficiar, como admitió en una entrevista reciente. Faraldo, experta en Criminología, es una abierta defensora de un sistema penal menos restrictivo con el reo. Incluso en el caso de los presos por terrorismo, como defendió en el artículo El papel de la víctima durante la ejecución de condenas por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y de terrorismo en España. 

En ese texto, Faraldo critica el sistema penal que establece medidas de excepción para los presos de la banda y considera que «la atención a las víctimas es más consecuencia de una utilización populista de los deseos de venganza de éstas y sus familias por parte de partidos políticos y medios de comunicación que de una reflexión pausada en torno a la necesidad de atender sus necesidades».

La experta analiza las leyes de 2003 y su reforma de 2010, que endurecen los criterios para que los condenados por terrorismo puedan acceder al tercer grado y la libertad condicional. Critica, por ejemplo, que se obligue a estos presos a cumplir al menos la mitad de las condenas para obtener beneficios, y no a otros condenados por delitos «de igual o mayor gravedad», y se muestra en desacuerdo con la regulación que «supone que en algunos casos el condenado no llegará a disfrutar ni de beneficios penitenciarios, ni de permisos, por no hablar del tercer grado o de la libertad condicional». Una «doctrina de corte autoritario, discriminatorio, que redunda en un mayor intervencionismo en la esfera interna del ciudadano», asevera.

También muestra su rechazo a la obligación de que los presos se desvinculen de la actividad criminal para obtener beneficios penitenciarios porque «no se trata de someter al penado a un lavado de cerebro, pues la resocialización ha de limitarse estrictamente a lograr que los ciudadanos se abstengan de cometer delitos». O que deban pedir perdón a las víctimas: «Cabe preguntarse por qué las víctimas de los delitos de terrorismo merecen un tratamiento especial», argumenta. En su opinión, «sólo la presión ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, convertida en auténtico lobby a favor de una política penal y penitenciaria antiterrorista de extrema dureza, puede explicar, que no justificar, esta regulación».

Según esta experta, «la atención a la víctima, que en principio merece toda clase de aplausos, se acaba convirtiendo en un esfuerzo por satisfacer sus ansias de venganza, comprensibles sin duda, pero a las que no se debe dar juego en el marco de la ejecución penal» y «todo ello lleva a sospechar que lo que se pretende es garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas impuestas por terrorismo».

Faraldo critica así que el sistema penal restrictivo para los presos terroristas se centre más en un «ideal inocuizador del cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, que en dar forma a un mecanismo que permita estimular el interés del penado en participar en programas basados en los principios de la justicia reparadora». «Más cárcel tampoco es la vía para satisfacer a la víctima», concluye rotunda, rechazando que «frente al terrorista, en suma, frente al enemigo, la única reacción posible parece ser la inocuización o neutralización».

En su opinión, «si lo que se pretende es la inocuización de cierto tipo de delincuentes, saltándose a la torera toda posibilidad de rehabilitación y reinserción social, y hacer un guiño a la comunidad, a la que se le permite así satisfacer las ansias de venganza aireadas, cuando no creadas, por los medios de comunicación, habremos de llegar a la conclusión de que no es legítima ni defendible desde la perspectiva del Estado social y democrático de Derecho».

Menos penas

La catedrática se ha mostrado abiertamente partidaria de una rebaja de las penas en los delitos sexuales «para acallar las voces que dicen que las feministas sólo queremos más cárcel», e incluso admitió recientemente que la excarcelación de violadores no le parece «preocupante».

Durante la elaboración de la ley, reconoció que hubiera preferido que los agresores recibiesen menos penas que con el Código Penal vigente porque «el movimiento feminista no pretende castigar más, pretende proteger mejor». La propia ministra le agradeció personalmente durante el debate sobre la ley en el Congreso.

Cabe recordar, además, que la propia Montero admitió que su ley rebajaba las penas. Fue en un informe remitido al Congreso de los Diputados, y desvelado también por este periódico, en el que afirmaba que esa rebaja era «necesaria» para unificar las penas por abusos y agresiones sexuales.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, también defendió la semana pasada que «el punitivismo no sólo no da más seguridad a las mujeres, sino que nos la quita».